Moción Ley de Servicios Sociales

Una moción por una ley de servicios sociales para el siglo XXI, que mejore la que lleva veintiocho años en vigor y que requiere blindar estos servicios frente a recortes presupuestarios y otras vulnerabiliades.  Los servicios sociales constituyen, junto con la educación, la sanidad y el sistema de pensiones, uno de los pilares sobre los que se sustenta el Estado del Bienestar .

Presentada en el último pleno por Alexis Pineda, fue aprobada por unanimidad.

Éstos son los diez acuerdos que incluye la  Moción sobre el Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía: IU Níjar

1. Instar a la inclusión de medidas legislativas y presupuestarias para que la limitación impuesta por la reforma del art. 135 de la Constitución, las leyes de estabilidad presupuestaria, techo de gasto, planes de ajuste, etc. no suponga la no prestación de servicios, ya que esta es la única manera efectiva y real de blindar la prestación de los servicios sociales comunitarios y especializados en Andalucía.

2. Solicitar la confección de memoria económica anexa a la ley y a la creación de mecanismos de financiación que eliminen los graves problemas que padecen las corporaciones locales.

3. Pedir la eliminación de la Agencia de Servicios Sociales como órgano de dirección superior de los servicios sociales de Andalucía o, en su defecto, su sustitución por un servicio público.

4. Que la Ley establezca que los Servicios Sociales Comunitarios de segundo nivel y Especializados deben prestarse de manera directa por la administración pública y cuando se incorpore la iniciativa privada, de manera subsidiaria y previa justificación de la imposibilidad de hacerlo de manera pública, se trate de manera diferenciada a la «iniciativa social» y a la «iniciativa empresarial» como prestadores de servicios, dando prioridad a los primeros sobre los segundos.

5. Que se establezcan estándares de calidad en la prestación de estos servicios en ambos casos, iniciativa social y empresarial (plantillas, salarios, servicios, horarios, etc.) y no sólo precios.

6. Para garantizar la participación ciudadana efectiva, que la ley incluya la obligatoriedad de un Consejo Provincial como mínimo y otro Local por cada Zona de Servicios Sociales y que su composición no quede al criterio de cada corporación local sino que se establezcan unos mínimos de representación y que se incluyan a los colectivos ciudadanos y a los movimientos sociales en los mismos.
7. Que se incluyan artículos concretos que establezcan protocolos de coordinación en la misma Ley con los Servicios de Educación, Justicia y Vivienda.

8. Que se incluya la ratio de población por trabajador social y las figuras profesionales de la psicología y la educación social aparezcan recogidas del mismo modo que en la ley vigente, es decir, como figuras obligatorias en los equipos de intervención social.

9. En cuanto al Ingreso Mínimo de Solidaridad, instar al compromiso de la resolución de la solicitud en un plazo no superior a dos meses (en la actualidad el plazo se sitúa en nueve meses) como en otras CC.AA., puesto que estos retrasos hacen que de manera indirecta y de facto se esté trasladando la responsabilidad y las acciones de urgencia de la administración autonómica a la local, que se ve «obligada» a actuar mientras tanto.

10. Enviar esta moción a la FAMP y a los Grupos Políticos presentes en el Parlamento de Andalucía.