El S.A.S enferma

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es  el conjunto coordinado de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas que integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con la ley, son responsabilidad de los poderes públicos.

El SNS supone uno de los mayores logros alcanzados por la ciudadanía  por cuanto significa para su bienestar psicofísico y social. Convirtiéndose en un pilar básico del llamado “estado del bienestar”. Tanto por la amplitud y extensión de sus prestaciones (universalidad, gratuidad y solidaridad con los menos favorecidos); como también por la calidad de las mismas. Situándose en la vanguardia sanitaria, es un referente mundial. Siendo muchos los factores que han ayudado a este ejemplar desarrollo, hay que destacar dos.

Primero, el desarrollo legislativo que se inicia con la Constitución de 1978 reconociendo en sus artículos 43 y 49 el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud. Desarrollo normativo que se continúa con la Ley 14/1986, Ley General de Sanidad donde se regulan los principios que permiten el ejercicio de este derecho. Y con la Ley 16/ 2003, Ley  de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley 29/2006, Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, con las que asegurar la calidad de la prestación sanitaria en todo el Sistema Nacional de Salud en un marco descentralizado.

El segundo a destacar, tan importante o más,  son los “trabajadores sanitarios”. En efecto, sin el esfuerzo, dedicación y entrega de todos los trabajadores de la salud, sin excepciones, nunca podría haberse conseguido este eminente grado de desarrollo. Por supuesto que este reconocimiento es extensivo a todas y cada una de las categorías. También a los cargos directivos e intermedios, que con sus diferentes responsabilidades, son unos trabajadores más. Todos juntos hemos trabajado y avanzado en el desarrollo de este excelente SNS.

En plena crisis, “deprisa y corriendo” en sus últimos coletazos, el gobierno socialista de J. L. Zapatero modifica en pleno mes de agosto del año 2011, el artículo 135 de la Constitución, estableciéndose el concepto de “estabilidad presupuestaria”. El PSOE tuvo el lógico apoyo de los grupos PP y UPN y el total desacuerdo del resto de grupos parlamentarios. Rompiendo  el espíritu negociador que caracterizó todo el proceso constituyente dio el primer paso hacia donde  luego nos conducirán sus socios conservadores. Con la llegada al parlamento de la mayoría absoluta del partido conservador y su gobierno presidido por  M. Rajoy se aprueba la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que tanto ha cambiando este país.

El sistema sanitario público no podía mantenerse ajeno a estos cambios. Ya no es lo que era.  La política de recortes desmedidos llevada a todos los niveles de la administración,  lógicamente tenían que afectarle y ha puesto en peligro características esenciales del mismo como la universalidad, gratuidad y  solidaridad de nuestro sistema. Curiosamente un conjunto de medidas  para hacer “sostenible” el sistema, a costa de hacerlo inútil. Con la intención de justificar el apoyo de lo privado, haciendo creer indispensable la externalización de servicios.  Cuando lo realmente cierto es todo lo contrario: Lo privado precisa de lo público para existir y lo parasita.

Siendo muy importantes  los recortes,  aún es peor  la forma en que se están aplicando por las direcciones gerentes más inmediatas a los trabajadores,  en los centros hospitalarios, áreas sanitarias, o distritos. Desde estas “unidades de gasto”, cumpliendo con los objetivos de la “mejor o única” manera que saben, se está atacando y causando un daño desmedido e irreparable a los trabajadores. Precisamente a aquellos  que actualmente, tras la modificación del desarrollo normativo con la referida L.O. 2/2012, son el soporte esencial de nuestro sistema sanitario.

Atacando a los trabajadores,  indebida e injustificadamente muchas de las veces, ignorándolos en sus necesidades e inquietudes, desmotivándolos, incluso enfermándolos, se minan los cimientos mismos del sistema, poniendo en peligro la calidad del mismo.  A estos efectos negativos de la actuación de nuestros gestores sobre los trabajadores del SNS en Andalucía (SAS)  voy a dedicar este artículo.

Como señalaba anteriormente, aunque con distintas responsabilidades, todos los cargos directivos e intermedios son  también trabajadores sanitarios, compartimos empresa y sus objetivos; entre los que caben destacar: la salud de la población (usuarios externos) y el bienestar de los trabajadores sanitarios (usuarios internos). Difícilmente sin éstos se podría alcanzar aquello. Son los dos centros sobre los que  gira todo el sistema sanitario. Humanizar la medicina exige que todos los que forman parte del sistema sanitario, clientes externos e internos, sean tratados con el respeto y la dignidad que toda persona se merece. Para lo cual es imprescindible una “gestión basada en valores” más que una dirección exclusivamente fundamentada en objetivos.

Ciertamente algunos de nuestros cargos directivos parecen haber olvidado ésto, y con un comportamiento totalmente ajeno a la “dirección por valores” se han segregado del equipo, aislado y convertido en meros gestores de números. Capaces de cualquier cosa por cumplir con sus objetivos. Sin tener en cuenta los intereses de la población e incluso penalizando a los trabajadores, sus “compañeros de equipo”. Ignorando que éstos son el elemento esencial de nuestra empresa, y que perjudicándolos se obstaculiza y dificulta la consecución de sus tan anhelados objetivos. Incluso ninguneando a sus representantes sindicales, con una actitud prepotente, más propia de caciques que de directivos comprometidos con el buen funcionamiento de la empresa pública. Muchos de éstos directivos llevan decenas de años ocupando puestos de gestión. Y lo “hacen tan bien” que siempre permanecen y ascienden. Es una auténtica “casta de  jerarcas”.

Un mal que desde siempre persigue al Servicio Andaluz de Salud (SAS), es la falta de profesionalidad precisamente de sus cargos directivos y sobre todo intermedios. Así, la gran mayoría de estos cargos, cuando son nombrados carecen de la formación mínima necesaria en gestión sanitaria y dirección de equipos. Generalmente son elegidos tras un viciado proceso de selección, a pesar de que los “jerarcas de la empresa” saben de su manifiesto desconocimiento.  La pregunta inmediata es: ¿Son tan inútiles e innecesarios dichos conocimientos? Evidentemente no.  Entonces ¿por qué  a los jerarcas del SAS no les importa  que  un directivo o cargo intermedio, destinado a dirigir un centro de salud o un servicio hospitalario no tenga  conocimientos sobre  dirección de grupos y gestión de servicios sanitarios? Está claro. Ésto  sólo puede entenderse desde la seguridad de  que no van a dirigir nada,  ni a nadie.  Más aún, posiblemente nuestras jerarquías prefieren cargos que carezcan de estos conocimientos para ser de esta forma más susceptibles a manejos y tejemanejes. Sólo los necesitan para transmitir a los subordinados sus órdenes, no para que las analicen y menos las discutan.

En las circunstancias actuales se está produciendo un curioso  fenómeno sobre el que deseo llamar la atención. En la ausencia de una “gestión por valores”, el SAS destinado a promover la salud y a prevenir la enfermedad entre la población, está  enfermando a sus trabajadores.

Los actuales gestores del SAS, despreocupados por el bienestar de sus trabajadores, contravienen todo lo legislado sobre salud laboral.  Y lejos de promover la salud integral del trabajador, y proteger su salud, intentando prevenir los riesgos profesionales, detectándolos precozmente, se convierten con sus decisiones en un factor de riesgo más; generando las  condiciones propicias para que sus “compañeros” trabajadores enfermen. Algo realmente grave pues, entre otras consecuencias, estos trabajadores dejan  de estar plenamente  capacitados para ocuparse de sus labores asistenciales con la ciudadanía.  Hoy día, en el SAS muchos profesionales sanitarios “enfermos” se ocupan de la salud de la población. Difícilmente se puede dispensar salud desde la propia enfermedad. Una triste paradoja. Siendo ésto igualmente extensivo a los “trabajadores no sanitarios” que atienden a la ciudadanía en otros aspectos no menos importantes, como los administrativos, celadores, conductores, trabajadores sociales, etc.

Analicemos algunas de esas actuaciones que están dañando la salud de los trabajadores sanitarios públicos. No quiero dejar de resaltar que aún cuando algunas de ellas provienen de gobiernos centrales o autonómicos, la forma en que se aplican es decidida en esferas de gestión más cercanas al trabajador que sin embargo ajenas al mismo, lo ignoran.

Después de la congelación salarial de varios años, reducciones de complementos, pagas extras y productividad, se llevan dos años contratando a todos los compañeros eventuales “al 75%”.  Es decir, que a todos los descuentos salariales realizados, se le añade una reducción más del 25%, justificada en una reducción equivalente de la jornada laboral, que escandalosamente no siempre se lleva a cabo. Drástica reducción del salario que se hace más injusta por discriminatoria y afectar sólo  a una parte de la plantilla. Se me ocurre preguntar ¿no hubiera sido más lógico, justo y equitativo reducirnos el salario a todos los trabajadores en la misma cantidad. Y no tanto sólo a una parte? ¿Por qué a estos mismos trabajadores se les niega continuidad laboral contratándolos por meses? ¿Si existe esa necesidad de servicio no podría al menos realizarse contratos por un tiempo indefinido disminuyendo la ansiedad periódica generada por el miedo al desempleo? Me atrevo a insinuar que precisamente éso es lo que se pretende. Atacar sólo a un colectivo, el más débil, y generarle ansiedad y temor a perder el trabajo, frenando cualquier intento de protesta. Y bien que lo están consiguiendo.

A todo ello deberíamos añadir que esta situación supone también una sobrecarga no sólo para los trabajadores afectados. También en alguna medida para  el resto de trabajadores que finalmente asumirán la carga de trabajo que no pudieran realizar aquellos compañeros que han visto reducida su jornada.

Evidentemente no es la salud ni el bienestar de los trabajadores una de las preocupaciones fundamentales de nuestros gestores.

Y el desempleo ¿es realmente una de las inquietudes para los actuales gestores del SAS? No lo parece cuando con el dinero ahorrado en las contrataciones a tiempo parcial no se contratan a más trabajadores eventuales al tiempo que se aumenta la jornada laboral a los trabajadores titulares.

Y que decir de los gerentes de muchos distritos, hospitales y áreas  sanitarias que han impuesto los incrementos o reducciones de jornada de forma nada flexible, sin tener en cuenta a las organizaciones de los trabajadores.  No parece que sea el bienestar de sus trabajadores uno de sus desvelos.

El colmo del “mal trato” hacia nuestros compañeros contratados al 75% es que les están reduciendo un 25% el valor de complementos que en ningún caso obedecen a la duración de la jornada. Concretamente la exclusividad, dispersión geográfica o por los enfermos asignados a su cupo. Sería prolijo explicar aquí estos conceptos pero dado que los mismos son percibidos por razón del servicio y no por la jornada efectuada, está meridianamente claro que si el profesional cumple con las condiciones que le hacen acreedor a ellos tendría que percibirlos al 100 %. El colmo de esta situación ha llegado con el reparto de la productividad pues a estos compañeros se les ha reducido también un 25 % de lo que les corresponde por el cumplimiento de objetivos. Vergonzoso pues si han cumplido sus objetivos, lo han hecho a pesar de tener reducida la jornada y eso debería de haber sido premiado y no penalizado. Otra “gran decisión de la casta jerarca”, que dice mucho de su carencia de principios y valores y de su incapacidad para encabezar un liderazgo ético cada día más necesario.

“La plaga de los contratos al 75%” afecta a todas las categorías profesionales. Y aquellas peor pagadas han visto reducidos sus emolumentos a exiguos salarios de 800 euros que en muchos casos escasamente les llegan para cubrir gastos fuera de sus casas. Efectivamente ante la reducción del número de contratos, actualmente es fácil ver compañeros celadores o administrativos trabajando fuera de sus provincias, abandonando sus casas y familias, que reconocen que no llevan nada de vuelta a sus casas y que trabajan “sólo por los puntos” para no retrasarse en la bolsa de contratación. Éstos son los trabajadores encargados de recibir y atender a los ciudadanos en primera instancia, en cada uno de los puntos de asistencia. Tarea esencial para el trabajo del resto de categorías y el buen funcionamiento de los centros.

Otro ataque injusto, por irracional y discriminatorio,  es el impago de la carrera profesional a muchos profesionales.

Si existe un elemento de importancia crucial para la buena marcha de las organizaciones sanitarias, es, sin duda, una política adecuada de recursos humanos que facilite una oferta de servicios sanitarios de calidad con eficacia y eficiencia en la gestión de los mismos. Entre las iniciativas que se proponen para desarrollar una política de recursos humanos adecuada, está el sistema de carrera profesional que, a través del reconocimiento público y expreso de la valía de nuestros profesionales, y sus correspondiente aumento salarial, genera mecanismos efectivos para lograr una implicación voluntaria y motivada de los mismos, orientada al logro de los fines y objetivos de las instituciones sanitarias.

Pues bien, en Andalucía desde marzo del año 2012, por sentencia del Tribunal Supremo confirmado la sentencia  del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha quedado en suspenso el modelo de evaluación profesional, diseñado por los jerarcas de nuestra organización, basado en comisiones de valoración de unidad o centro de trabajo. Tras esta suspensión, motivada en un diseño injusto,  parcial, falto de control y supervisión de dichas comisiones de centro, lo que hubiera correspondido a los  jerarcas responsables hubiera sido corregir con presteza esas deficiencias señaladas por el alto tribunal; para recuperar cuanto antes algo tan relevante para el buen funcionamiento de nuestra empresa. Pero nuestra diligente Junta de Andalucía habrá pensado que “no hay mal que por bien no venga” y la suspensión judicial de la carrera profesional, que debería de haber provocado el bochorno de sus “maestros diseñadores”, ha supuesto un nuevo recorte salarial y un deseado ahorro para nuestra empresa. Como siempre a costa de los trabajadores. Y como habitualmente discriminando y  postergando sólo a una parte.

Hasta hace unos años accedíamos a cobrar la carrera profesional –nivel 3-  sin haber realizado ningún otro proceso de acreditación  que el  de haber aprobado las oposiciones. Ésto,  de cara a la motivación e implicación de los profesionales, evidentemente suponía una desnaturalización y pérdida de la esencia del proceso de carrera profesional.  Sin embargo, de pronto,  a los profesionales que accedieron a la titularidad a  partir de las últimas oposiciones, realizadas en el año 2007, se les comienza a exigir la acreditación profesional para acceder dicha carrera profesional. Como desde hace casi tres años la carrera profesional ha quedado en suspenso, aún cuando el proceso de acreditación continúa en activo, nos encontramos que cada vez son más,  aquellos profesionales que han dado el importante paso de acreditarse, con el grado de exigencia que ello conlleva. Ahora,  siendo poseedores de la acreditación, precisamente el requisito objetivo más importante a tener en cuenta en la evaluación para la carrera profesional por las descalificadas judicialmente “comisiones de valoración de centro”, no tienen acceso a los beneficios de la carrera profesional.

Por tanto en la situación actual, la mayor parte de los profesionales titulares del SAS cobramos “inapropiadamente” la carrera profesional.  Todos lo que hemos llegado a serlo en las distintas oposiciones realizadas durante los últimos 30 años. Sin embargo, aquellos que accedieron a la titularidad aprobando las últimas oposiciones del año 2007,  muchos de ellos incluso acreditados, más implicados y motivados son injustamente “penalizados” y no la cobran. Paradójico y triste. Así el grado de desmotivación y el daño ocasionado no tiene parangón. Increíblemente, en Andalucía el proceso de la carrera profesional ha conseguido lo contrario de lo que se pretendía. Otro “gran éxito” de nuestra “casta de jerarcas”.

Desde hace años, mucho antes de la crisis económica, venimos arrastrando plantillas muy ajustadas de personal. Compensando la escasez de medios humanos con más esfuerzo, dedicación, y entrega.  A veces incluso imprudentemente, por lo que conlleva de sobrecarga psicofísica  con el consiguiente riesgo para la salud del trabajador y del ciudadano asistido. Algo que poco parece importarle a nuestra “casta de jerarcas”.

Son muchos los ejemplos que os podría relatar, pero sólo voy a señalar uno,  por llamativo e increíble, y que viene aconteciendo desde hace muchísimos años, desde siempre, incluso en los años de bonanza. En muchos puntos de urgencias del SAS no se dispone de un doble equipo de médico, enfermero y celador.  De tal forma que cuando el único equipo disponible sale a realizar un servicio fuera del centro, el punto de urgencias queda sólo “atendido” por un celador. A  veces ni eso. Pues también el celador tiene sus necesidades, y otras obligaciones como desplazar a un enfermo, atender otras tareas como la limpieza o mantener el orden. Viéndose obligado a abandonar el punto urgencias y con ello el teléfono correspondiente. Algo increíble y que, como cabría pensar, no encuentra siempre justificación en las características del centro, por ser pequeños o con poca demanda. No siempre los son. Varias veces al día, casi todos los días de la semana, muchos puntos de urgencia del SAS, quedan atendidos exclusivamente por un celador. Que es sometido, imprudentemente por nuestros directivos, a la tarea de hacer “triaje” y decidir en función de “su criterio” si llama -o no-  a un facultativo o a un enfermero. Se trata de personal  no sanitario sin la formación adecuada para esas labores. Ésto supone una situación de peligro para él, que no esta  ni preparado, ni entrenado,  y  que le supone un riesgo psicosocial y un presumible daño a su salud. Pero también se trata de una amenaza para los ciudadanos que son atendidos de urgencia por personal inadecuado. La salud de los ciudadanos y de los trabajadores nuevamente en riesgo. Algo sabido y denunciado en diversas ocasiones por los profesionales sanitarios y  que no parece importarle a la “casta jerarca” o al menos les importa menos que el ahorro que les genera.

¿Y las  medidas de seguridad de los profesionales? No en todos los centros se dispone de servicio de seguridad, a pesar de atender a población marginal no siempre segura. Y no me refiero sólo al programa de metadona que suele tratarse de usuarios dóciles precisamente por el uso de dicha droga. Hay otros usuarios que por sus características sociales o de enfermedad son un riesgo para la seguridad de los profesionales. Y sin embargo no siempre contamos con las medidas de protección mínimas necesarias como timbres de alarma que no existen o permanecen averiados por falta de un adecuado mantenimiento. Y que decir de aquellos puntos de urgencia donde los celadores, sin mamparas de protección, muchas veces quedan solos durante la noche expuestos a un riesgo innecesario sólo explicable por el ahorro  y la falta de preocupación por la seguridad de los trabajadores que  existe entre  la “casta jerarca”.

Otra situación insostenible es la falta de sustituciones del personal ausente, y que está provocando  el deterioro más importante de nuestro servicio público de salud, con una importante pérdida de la calidad asistencial de los servicios prestados. Al suponer no sólo un incremento de la demora, sino también  una agresión a los trabajadores que presionados  por un  incremento de cargas laborales insoportables, le generan estrés y un evidente  riesgo para su salud que indirectamente amenaza también a los usuarios.

 

Aunque parezca increíble  en muchas ocasiones nuestra “casta jerarca” nos engaña, nos roba no remunerándonos por ello,  a pesar de estar obligados normativamente:

            “En el caso excepcional de que no pueda cubrirse una o más plazas por los procedimientos habituales y legalmente establecidos y algún profesional sea debidamente autorizado para hacerse cargo temporalmente, por acumulación, de las funciones asistenciales correspondientes a todo o parte del cupo de usuarios de estas plazas, percibirá durantes ese período de tiempo las retribuciones por la plaza propia y las derivadas de los conceptos de población con tarjeta sanitaria individual ajustada por edad (TAE), asistencia en otros centros (C) y horario (H) correspondientes al cupo o a la parte del cupo acumulado (Artículo 9 del RD 260/2009).

             ¿Qué pensar de gerentes que reconociendo conocer ésto y ser recriminado por los trabajadores o sus representantes contestan: “iros al juzgado, pagáis la tasas y me denunciáis”? ¿Qué tipo de liderazgo ético pueden ejercer? Esto está ocurriendo hoy en nuestro SAS, donde los profesionales sólo cobran éstos acúmulos de cupo si van al juzgado.

             En Andalucía, actualmente, no estamos en una situación excepcional que impida la sustitución de los profesionales “por los procedimientos habituales y legalmente establecidos”. Única circunstancia en la que la normativa vigente prevé no sustituir y acumular cupo.  Todo lo contrario en nuestra Comunidad Autónoma existen sanitarios desempleados,  esperando ser contratados por los cauces reglamentarios.

A pesar de que se trata de una flagrante vulneración de los derechos estatutarios de los profesionales sanitarios,  reconocidos en la normativa actual, en Andalucía, la falta de sustituciones y la sobrecarga laboral se ha convertido en algo tan habitual que se ha convertido en  “normal por frecuente». Ocasionando un aumento del estrés de los trabajadores, con las posibles repercusiones negativas que ello conlleva sobre su salud.

No podemos obviar que ésto también implica una agresión a los derechos de muchos compañeros desempleados. Muchos de los cuales están sufriendo unas pobres condiciones sociolaborales incluso viviendo en condiciones precarias, viéndose obligados a abandonar a sus familias y nuestra comunidad. Y todo por una decisión ilegal de la “casta jerarca”, sin duda  inmoral.

Sobre la agresión que todos estos hechos relatados suponen para la salud de los trabajadores abunda la “Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre Riesgos Psicosociales”, elaborada por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con la colaboración del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo que dice:

“La reacción más conocida ante una situación psicosocial inadecuada es el estrés (…) Los problemas de salud aparecen cuando las exigencias del trabajo no se adaptan a las necesidades, expectativas o capacidades del trabajador o cuando éste no recibe una adecuada compensación.”

Igualmente, la mencionada Guía expresa de forma clara y tajante  que estos factores de riesgo tienen consecuencias para la organización del trabajo así como para la salud de los trabajadores:

“Los riesgos Psicosociales tienen consecuencias tanto sobre la organización empresarial (absentismo, bajas voluntarias, baja productividad, etc.) como sobre el trabajador (daños a la salud).

Evidentemente que lo más grave y preocupante es que todo ésto repercute en un RIESGO PARA LOS USUARIOS. ¿O no es un riesgo ser atendido por un profesional estresado, trabajando en condiciones  precarias?

La población está siendo atendida por profesionales con inseguridad laboral, estresados y sobrecargados laboralmente. Que han experimentado un retroceso importante de sus derechos laborales. Indignados por las reducciones de salario y su evidente empobrecimiento social y económico. Otros, engañados por la reducción de su jornada laboral y de sus salarios, pero no proporcionalmente de su carga laboral; que además se sienten robados por la  injusta e irracional reducción de sus complementos. Unos y otros se sienten estafados después muchos años de sacrificio y estudio. Una situación nada propicia para que estos profesionales puedan ocuparse plenamente de la salud de su población. Una situación  impropia de una empresa cuyo objetivo esencial debería ser el  de generar salud y que por el contrario, paradójicamente, enferma a sus trabajadores.

La actividad actual de nuestros directivos está muy lejos de una gestión por valores (morales y éticos), cada vez más necesaria. Ellos mismos carecen de autoridad y liderazgo ético. Su credibilidad flaquea por su cualificación personal y la forma en que acceden a sus cargos. Y si alguna vez tuvieron alguna la pierden por la falta de coherencia en el ejercicio de sus gestión basada en el control y la imposición, coartando toda libertad de acción de los trabajadores, frenando su creatividad y motivación. Y que en algunos casos llega hasta las amenazas explícitas de los gerentes a los trabajadores sobre todo a los más indefensos como los eventuales o aquellos “titulares en deuda” por estar en comisión de servicios y que reciben llamadas intimidatorias por parte de  “gerentes ingerentes”, evidentemente con pocos escrúpulos.

Lejos de lo deseable, nuestros  directivos están inmersos en una trasnochada gestión por objetivos, centrada  en criterios de eficiencia puramente economicistas,  totalmente erróneos por ignorar otros principios, valores e intereses de los trabajadores.

Hoy día, los profesionales y trabajadores sanitarios  son víctimas de una gestión deshumanizada que no los tiene en cuenta como personas. Y si bien en cifras, nuestra empresa puede haber mejorado en “costos y eficacia”, difícilmente puede haber mejorado en eficiencia real. Es imposible que una gestión sea auténticamente eficiente cuando muestra una falta de respeto y de reconocimiento hacia los trabajadores, convirtiéndose en un  auténtico obstáculo para el trabajo de los mismos. Les obliga a un sobreesfuerzo, los desmotiva y agrede su salud física y psíquica, hasta enfermarlos. Evidentemente, no puede haber eficiencia en una gestión reñida con la ética.

Los trabajadores sanitarios no podemos continuar impasibles tolerando que estos gerentes, deshumanizados, continúen  agrediendo a nuestra salud y sometiendo  a nuestra población a un riesgo, cuando deberían de ser los más preocupados y comprometidos con todo lo contrario: la salud de los ciudadanos y la de los profesionales.

Se  hace imprescindible un cambio radical de actitudes y aptitudes en nuestros directivos para que puedan ejercer un liderazgo ético y  una gestión más eficiente basada en valores. Hoy día la única concebible.

Dr. LUIS LÓPEZ RODRÍGUEZ
Doctor en Medicina (Universidad de Córdoba)
Máster en Administración de Servicios de Salud (I.S.C.M. La Habana. Cuba)
Médico de la U.G.C de Ejido Norte. Distrito de Poniente

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