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Rendición de Cuentas – Tamara Ferrer

En Enero de este año las compañeras de IU Níjar rendimos cuentas en nuestra organización sobre el trabajo que realizamos. Hoy Tamara Ferrer comparte su trabajo con todas nosotras.

 

Trabajo Institucional  de la Oficina Contra la Exlusicón y en Defensa de la Vivienda
Julio 2015 – Agosto 2018

INTRODUCCIÓN

La idea y los objetivos que se contemplaron de inicio fueron los de Oficina “anti-desahucios” o en Defensa de la Vivienda. Pero, a efectos prácticos, a nuestra Oficina en Defensa de la Vivienda se derivan todos los casos relacionados con “Vivienda” que llegan a Servicios Sociales Comunitarios o al Centro de Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Níjar. Bien, a través de una derivación de la trabajadora social de referencia del usuario/a, o por interlocución directa con la Oficina en defensa de la Vivienda.

El recurso de la Oficina en defensa de la Vivienda es útil y práctico, pero nos encontramos con muchas dificultades derivadas de la falta de competencias directas en materia de vivienda o por falta de dotación presupuestaria.

En el municipio, tenemos una problemática de vivienda muchísimo más grande de lo que nos imaginamos. La demanda de viviendas de alquiler para las clases populares es muchísimo más alta que la oferta, es más, la oferta de vivienda es casi inexistente. Como consecuencia de esta situación se producen fenómenos de ocupación ilegal de los inmuebles propiedad de entidades financieras, asentamientos chabolistas, infraviviendas y hacinamiento en viviendas ubicadas en núcleo urbano, entre otros.

Esta problemática de vivienda se traduce en una situación de inestabilidad y riesgo de exclusión para muchos vecinos y vecinas de nuestro municipio. La solución pasaría por una actuación con la implicación de todas las instituciones desde lo local a lo europeo, pues se produce por no llevar a cabo una correcta regularización de las migraciones. Realizando un plan completo de adecuación del territorio con la construcción de albergues de temporeros y viviendas sociales para familias de clases populares que desarrolla su fuerza de trabajo en los sectores productivos del municipio: principalmente sector agrícola. Con la implicación activa de todos los agentes que intervienen en el territorio y con una dotación presupuestaria adecuada para cubrir la necesidad que se plantea estaríamos hablando de un crecimiento en positivo y, obviamente, desde una Oficina en defensa de la Vivienda podemos conocer, diagnosticar y denunciar la situación, pero no solventarla.

CONVENIOS, ACUERDOS DE COLABORACIÓN, MOCIONES

Nos hemos adherido al Fondo Social de Vivienda firmado entre varios ministerios del Gobierno Central y las entidades financieras, convenio de colaboración con el Decanato de Justicia de Almería para poder intervenir en casos de ejecuciones hipotecarias y convenio de la FAMP con Endesa e Iberdrola para garantizar suministros básicos en casos de familias vulnerables o en riesgo de exclusión social. Estos convenios requieren de una evaluación y seguimiento que también se realiza con el trabajo de campo y los datos obtenidos desde la Oficina en Defensa de la Vivienda.

Al inicio del curso político nos fuimos reuniendo con todas y cada una de las entidades financieras que operan en el municipio, ofreciéndoles firmar un convenio para la colaboración directa en casos de negociaciones extrajudiciales y la elaboración de un Fondo Municipal de Viviendas para intentar gestionar de otro modo los activos que tienen sin vender en el municipio. Y que, al menos, aun existiendo demanda de vivienda, no existieran viviendas vacías. Pudiendo flexibilizar los regímenes de acceso a las mismas y poder así evitar el fenómeno de la ocupación ilegal por la falta de recursos habitacionales en el municipio. Evadieron la propuesta y seguimos valorando otras experiencias o sanciones para las grandes empresas que tienen activos vacios, incumpliendo así la función social de la vivienda.

Con respecto a las mociones presentadas, todos los convenios que se han puesto en marcha han sido a través de una moción al pleno del Ayuntamiento. Otra destacable, sería la moción sobre la exención del impuesto de plusvalías sobre viviendas que se han perdido a través de una ejecución hipotecaria o dación en pago.

TALLERES

Uno de los objetivos primeros era mantener la esencia de los talleres explicativos de abusos bancarios que habían organizado desde nuestra asamblea, cómo reclamar tus derechos y, en definitiva, mantener el activismo de las asambleas de las plataformas de “Stop desahucios”. Por lo que, realizar ese tipo de asesoramiento, supone dotar de herramientas para empoderar a los y las afectadas.
Se han realizado 7 talleres de asesoramiento a la ciudadanía (Problemas Hipotecarios, Alquiler Social, Código de Buenas Prácticas Bancarias, Cláusula Suelo, Cláusulas abusivas, Ley de Segunda Oportunidad y Nuevo Bono Social Eléctrico).

PARTICIPACIÓN TERCER SECTOR
La Oficina de Vivienda participa en diversos frentes y actividades. Forma parte de la Mesa de Inmigración que convoca el área de Bienestar Social. Participa en la Mesa por la Convivencia y en la Mesa de Vivienda del Proyecto Baobab, además de en otras actividades organizadas por los distintos actores que operan en el municipio, como Fundación Cepaim, MZC o Médicos del Mundo, entre otros.

¿A CUÁNTA GENTE HEMOS LLEGADO?
La Oficina contra la Exclusión y en defensa de la Vivienda se puso en funcionamiento en Julio de 2015, y desde entonces hemos atendido y asesorado a más de 1112 personas (con cita previa, sin cita previa y a través de entrevista telefónica o correo electrónico)

¿CUÁNTOS DESAHUCIOS SE HAN EVITADO?

En el municipio, además de los problemas de desahucios, nos encontramos con un déficit habitacional bastante grave. Por lo que, de todas las personas asesoradas y atendidas, el 54% son personas en búsqueda de vivienda, las cuales se registran e inscriben como demandantes de vivienda protegida si cumplen requisitos.

Teniendo en cuenta que un desahucio supone el desalojo por vía judicial de la vivienda habitual. Y dicho desalojo se produce por incumplimiento de las cláusulas que se estipulan en un préstamo hipotecario, contrato de alquiler o por la usurpación del inmueble. Los casos en los que se ha intervenido para evitar el desahucio han sido unos 214

Los casos por los que se desahucia son distintos:

En materia hipotecaria existe el Código de Buenas Prácticas Bancarias recogido en Real Decreto Ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el R.D.L. 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ampliándose el ámbito de aplicación con el R.D.L. 5/2017, de 17 de marzo. Por lo tanto, la mayoría de casos que llegan en materia hipotecaria se paraliza el desahucio o bien a través de un acuerdo extrajudicial con la entidad o a través de una moratoria en el juzgado acogiéndose a las medidas contempladas en los decretos y leyes enumeradas anteriormente. Además en los últimos meses hemos observado el aumento de ejecuciones hipotecarias en las que los moradores de la vivienda se encuentran en régimen de alquiler, lo que les deja en grave desamparo, pues los RDL, mencionados anteriormente no les garantizan poder permanecer en sus viviendas habituales por no tratarse de los titulares del bien inmueble (90 casos de mediación extrajudicial y 29 moratorias)

Cuando la orden de desahucio viene por incumplimiento del contrato de alquiler se lleva a cabo una mediación con la parte arrendadora, ya sea un particular o una inmobiliaria. Llegando a un acuerdo, se retira la orden de desahucio y se estipula un plan de pago o exención de la deuda pendiente. (83 casos de mediación con arrendadores de inmobiliarias y particulares)

Por último, están los casos por usurpación de inmuebles de entidades financieras, en los cuales la situación irregular dificulta evitar el desalojo. A priori se intenta mediar con la misma, pero vemos como cada vez es más difícil llegar a un acuerdo, aún siendo casos en los que la unidad familiar se encuentra en grave vulnerabilidad. En estos casos lo único que podemos conseguir es evitar la sanción económica judicial, evitar que el/la usuario/a quede con antecedentes y que se produzca el aplazamiento del lanzamiento pactando un desalojo voluntario. Al principio, hubo una docena de casos en los cuales se llegó a un acuerdo con la entidad financiera y se formalizó la situación a través de un contrato de alquiler social. En la actualidad, es SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, comúnmente conocida como “El Banco Malo”) la que gestiona la mayoría de vivienda “vacía” que queda en el municipio y no hay negociación posible con ellos, por más que insistimos en reunirnos con ellos. (85 casos de desalojo con informes emitidos a juzgados y entidades financieras)

 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO. ¿CÓMO SE HACE?

Lo primero que se realiza es una entrevista con el/la afectado/a extrayendo toda la información necesaria para hacer una valoración de la situación. En esa entrevista, la clave es hacer una atención con escucha activa, haciendo un ejercicio de empatía con el/la usuario/a y planteándole las posibles vías para solucionar el problema que le trae a la Oficina de vivienda. Con lo cual, aparte de desahogarse y contar abiertamente toda la problemática, empieza a vislumbrar un atisbo de esperanza. Este tipo de problemas se tienden a invisibilizar porque a las personas que lo sufren les causa vergüenza y llegan con problemas de salud mental relacionados con esta situación de precariedad que viven.

Durante la entrevista, se abre expediente con una hoja de intervención y seguimiento del caso. Mientras tanto, se asesora sobre las posibles vías para la solución al problema de vivienda que presente. Priorizando el empoderamiento ciudadano dándole las herramientas y conocimientos necesarios para que no se sientan desamparados y sepan desenvolverse con seguridad a la hora de resolver la problemática en cuestión.

Según el problema y los pasos que se vayan a dar, se le requiere al usuario/a que aporte datos y documentación para el estudio en profundidad y la realización de informes, escritos de negociación extrajudicial, solicitudes de asistencia jurídica gratuita o de demandantes de vivienda protegida.

En algunos casos, es necesaria la derivación a la trabajadora social, para que realice un informe social y valore la adjudicación de alguna ayuda económica de emergencia.

CLÁUSULAS ABUSIVAS

Se han atendido a más de 200 personas, de las cuales 120 tenían cláusula suelo y se realizaron las reclamaciones extrajudiciales pertinentes. Algunos de los casos han precisado realizar la reclamación a la entidad financiera y posteriormente al Banco de España para agotar la vía extrajudicial.

Unas 70 personas han recuperado el dinero cobrado de más con la aplicación de la cláusula suelo en sus préstamos hipotecarios. Las cantidades oscilan según: la cuantía del préstamo, la cláusula suelo que tuviera, desde cuando se le estuviera aplicando o el diferencial asociado al Euribor que tenga, entre otras variables. Por lo que, tenemos algún caso en el que solo han devuelto 150€ y otros que han sobrepasado los 10mil€. Aunque es difícil saber una cifra exacta, haciendo una estimación y con los datos que hay recogidos en la Oficina en Defensa de la Vivienda podremos sobrepasar los 150mil€ con facilidad.

AYUDAS AL ALQUILER DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Desde esta Oficina Municipal se informa y tramitan solicitudes relacionadas con estas ayudas de alquiler. La ciudadanía tiene la posibilidad de tramitar su solicitud desde el centro de servicios sociales donde estamos ubicados o acudir a entregarla de forma presencial a la Delegación de Vivienda en Almería Ciudad. Además en los meses sucesivos a la concesión de la ayuda, la responsable de la Oficina va revisando el estado de tramitación de las mismas con los datos recabados para así hacer un seguimiento.

Hemos tramitado dos convocatorias de “Ayuda al Alquiler para personas con ingresos limitados” (en la convocatoria de 2016 se tramitaron 22 solicitudes y en la de 2017 se tramitaron 46) y la convocatoria de “Ayuda al Alquiler para personas que han perdido su vivienda por ejecución hipotecaria o dación en pago” sigue abierta hasta que se agote la dotación presupuestaria a la misma. (15 solicitudes realizadas para esta convocatoria hasta la fecha).

La convocatoria de 2018 se ha retrasado por la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, han publicado el Proyecto de Orden en el BOJA nº128 y estamos a la espera de que iniciado el mes de septiembre se abra el plazo de solicitudes. Por lo pronto, en la Oficina hay un registro hay 53 personas interesadas en recibir información sobre la apertura del plazo, por lo que, como mínimo habrá el doble de afluencia que en la anterior convocatoria. También hay que destacar que la línea de ayudas se amplía este año y se dotará con mayor presupuesto porque van unificadas con las Ayudas al Alquiler del Plan Estatal de Vivienda.

OTRAS COMPETENCIAS Y ATENCIONES DE LA OFICINA DE VIVIENDA

Se han atendido otro tipo de cuestiones diversas como cobros y embargos indebidos; sanciones por supuesto fraude con Endesa y Emanagua; solicitudes de Bono Social Eléctrico, entre otras.

Además de peticiones de informes externos a la administración, ya sea de abogados/as, ONGs, entidades financieras e inmobiliarias todos ellos enfocados en la necesidad de vivienda digna y el derecho a la misma.

Por otra parte, destaco de los últimos meses la participación y colaboración con el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, habiéndose incluido en éste un diagnóstico con datos procedentes de la Oficina en Defensa de la Vivienda y la necesidad de mantenerla, ampliar las competencias y dotarla de presupuesto para intentar abordar las diversas problemáticas de vivienda existentes de cara a futuro.

 

VALORACIÓN PERSONAL DEL TRABAJO DE LA OFICINA EN DEFENSA DE LA VIVIENDA

La implicación en el trabajo a realizar es indiscutible. He hecho siempre todo lo que ha estado en mi mano para intentar ayudar a cualquier persona que viniera buscando ayuda. Pero, he de decir que, mis expectativas eran un tanto utópicas en cuanto al sentido común y burocratización de las personas con las que nos toca trabajar. Siempre he escuchado que las cosas pueden conseguirse con voluntad política y de eso en nuestra organización tenemos de sobra. Por lo que, con ser creativos y constantes creía que tendríamos bastante.

La realidad es distinta, no significa que nos conformemos, pero sí que pongamos los pies en la tierra para no frustrarnos. La correlación de fuerzas juega un papel crucial en la consecución de los objetivos que marcamos en nuestra hoja de ruta, las competencias, la dotación presupuestaria… Han sido verdaderos bofetones de realidad y cuando se tiene una semana con casos complicados veo con pesimismo toda la labor que pueda, o no, hacerse.

Pero luego toca hacer balances como el que estoy escribiendo y no queda más remedio que sentir orgullo porque se ha hecho un buen trabajo, con todas las limitaciones que existen.

Porque cuando antes enumeraba el número de casos, detrás de esos números hay vecinas y vecinos con sus respectivas familias. Muchas de las personas que llegan aquí han perdido la esperanza y pensaban que no merecía la pena luchar o que era un problema suyo, que no habían tenido suerte. Cuando salen de aquí se van con una idea: no es un problema individual, la lucha es el único camino y salen con la esperanza renovada, viendo que si que se puede.

No es fácil. Es duro dejar todos esos problemas y no llevártelos contigo a casa. Algunas veces es irremediable. Me frustro cuando el Banco Malo quiere echar a una familia de su casa o cuando intentamos que no hubiera vivienda vacía en el municipio. Pero ya hay un precedente, no se puede perder el trabajo que ya está hecho. Y esas ideas, están puestas donde tienen que estar. Están en todas y cada una de las personas a las que les han hecho creer que sus problemas son solo suyos, a las que han hecho creer que no había solución. Y han visto que no era verdad. Que el banco no era su amigo y que “saber” es “poder”.

La Oficina contra la Exclusión y en Defensa de la Vivienda es, sin lugar a dudas, un recurso que debe mantenerse y ampliarse. Es crucial. La vivienda digna y adecuada es un derecho humano, y como tal, seguiremos defendiéndolo, promoviéndolo y luchando por ello.

Tamara Ferrer López, vecina de San Isidro de Níjar,  Técnico superior en Educación Infantil. En la actualidad trabaja en la Oficina contra la Exclusión y en Defensa de la Vivienda. Militante  y  miembro de la Colegiada Local de IUNíjar  y  responsable del área de la mujer, miembro  de la Coordinadora  Provincial de IU-LV-CA  y miembro  de la Ejecutiva Provincial del PCA.